En el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, un 62% de la población chilena rechazó el borrador de nueva Constitución que había redactado la excepcionalmente democrática Convención Constitucional durante los años 2021 y 2022. El 15 de diciembre de ese mismo año los partidos con representación parlamentaria acordaron iniciar un nuevo proceso, ahora concentrado en la participación de expertos designados por los partidos y, sólo en segundo lugar, con representantes electos. El pasado domingo, 7 de mayo, tuvieron lugar en Chile las elecciones de representantes para el Consejo Constitucional (50 escaños + 1 reservado para pueblos indígenas, bastante menos que los 155+17 de la Convención). Los resultados del 7M son muy esclarecedores de las características de este proceso de reforma constitucional: el Partido Republicano de Chile obtuvo el voto mayoritario, con el 35,41% de los votos y 23 representantes electos de un total de 50. El Partido Republicano se fundó recién en junio de 2019 y representa a un pinochetismo actualizado en el marco de la nueva ola de formaciones de extrema derecha en el mundo. Detrás suyo, el oficialismo, bajo la fórmula denominada Unidad Para Chile [1], se llevó un 28,59% de los votos y logró elegir 16 representantes. Finalmente, la derecha tradicional, en el pacto Chile Seguro [2], alcanzó un 21,07% de votos y 11 representantes electos. Resulta interesante que tanto el pacto del extremo centro reunidos en la lista Todo por Chile [3], como el Partido de la Gente (populista de derecha) tuvieran una votación bajísima, que no les permitió entrar al Consejo. Finalmente, integra el Consejo Constitucional un representante de los pueblos indígenas, elegido para un escaño reservado.

Otra de las novedades fue el voto nulo, que alcanzó un 16,98% (equivalente a 2.119.506 de votos), en comparación con el 3,03% de votos nulos (187.819 votos) que hubo en la elección de representantes para el anterior proceso constituyente en mayo del 2021. ¿Cómo se explica este aumento impresionante del voto nulo? Algunos análisis preliminares apuntan a que se trata de un voto que en el plebiscito de septiembre de 2022 se habría inclinado por aprobar la propuesta de nueva Constitución. No resultaría sorprendente, dado que este nuevo proceso constitucional ha sido diseñado para ser todo lo contrario del proceso anterior. Lo que sí es constatable es una movilización por el voto nulo de la que formaron parte ex convencionales, actuales parlamentarias, organizaciones sociales y distintos actores de la política y el activismo de base en Chile. Un voto nulo es muy difícil de capitalizar por algún grupo en particular, pero en general puede tener el efecto de sostener una visión crítica del proceso y sentar las bases para una impugnación del mismo durante los próximos meses y, especialment,e para el plebiscito de salida en el que se votará a favor o en contra de este segundo borrador constitucional.

Ya en otro lugar nos hemos referido en detalle a las características de este proceso constitucional posterior a la derrota de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Pero lo que debe rescatarse para el análisis de estos resultados electorales es que se trata de un proceso tutelado por los partidos que, a priori, establece algunos contenidos fundamentales del borrador constitucional y que excluye a los principales actores que se habían movilizado en octubre de 2019 y, de estos, a quienes habían participado de la Convención Constitucional anterior. Los activismos políticos sin partido y los movimientos sociales quedaron fuera de este nuevo proceso.

A partir del rechazo al proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4S, las fuerzas políticas con representación parlamentaria entraron en un fuerte debate sobre qué hacer con la pulsión constituyente que estalló en 2019. En diciembre de 2022 firmaron el Acuerdo por Chile, donde se establecen los términos de este nuevo proceso, que incluye una Comisión Experta (designada por el Congreso en función de la correlación de fuerzas parlamentarias) que redactará el borrador a partir de las 12 bases constitucionales definidas en el mismo acuerdo. Establece también un Consejo Constitucional con 50 representantes electos (de fórmulas electorales exclusivamente formadas por partidos políticos, a diferencia del proceso anterior que permitía listas de independientes donde participaron movimientos sociales). Este Consejo revisa y vota el borrador ya escrito, afinando detalles. Y finalmente, un Comité Técnico de Admisibilidad (igualmente designado por el Congreso), que cumplirá las funciones de tribunal meta-constitucional, verificará que el texto aprobado por el Consejo se ajuste a las 12 bases definidas en el Acuerdo por Chile.

Entre septiembre y diciembre del 2022, uno de los partidos que se opuso rotundamente a un nuevo proceso constituyente fue el Partido Republicano, con José Antonio Kast a la cabeza. ¿Cómo es posible que el principal opositor de una institución se haga con la mayoría casi absoluta de sus escaños? La respuesta a esta interrogante permite hacerse una idea del complejo escenario que enfrenta el proceso político en Chile. Y da cuenta de los desafíos que enfrenta hoy la izquierda.

La Constitución de Pinochet y la encrucijada actual

Los resultados del pasado domingo 7 han sido leídos como una fuerte patada a la mesa del gobierno, que ha acusado recibo a través de una confusa respuesta política en la que afirman que mantendrán el rumbo de su programa (más adelante me referiré a las sospechas que debiera generar una afirmación como esa) y apuntando a aislar al Partido Republicano apelando al carácter “democrático” y “dialogante” de la derecha tradicional del bloque Chile Vamos (UDI, RN, Evopoli). Por su parte, el Partido Republicano todavía no sabe qué hacer con su nuevo juguete, y ha enfrentado desde el día uno los golpes de todos los sectores políticos, ya sea para denunciar a sus representantes electos que han sido acusados de abuso sexual, ya sea para invitarles a “no cometer el mismo error que cometimos nosotros”, como planteó el presidente Boric, refiriéndose a la presunta falta de diálogo en que habría incurrido la izquierda de la Convención Constitucional. La actitud del Partido Republicano ha sido perfectamente esperable. Luis Silva, abogado y numerario del Opus Dei, el más votado de su lista, ha señalado que no tiene “ningún miedo al desacuerdo. Para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza. Y si no, llamamos a la fuerza pública, porque para eso está, para hacer efectivo el derecho (…) Si no, terminas bailando la música de la izquierda”. Con una retórica abiertamente anti-izquierda y anti-feminista, como han hecho otras figuras de la ultraderecha mundial, el Partido Republicano ha logrado articular una novedosa influencia política e ideológica sobre la derecha política y sus bases sociales, poniendo en el centro de su visión un proyecto autoritario represivo, cristiano conservador y nacionalista xenófobo. José Antonio Kast fue su candidato presidencial en 2021 y logró ganar la primera vuelta, para luego perder ante Gabriel Boric. Esa primera vuelta fue quizá el primer atisbo electoral de lo que se venía para Chile.

Una de las consignas que ha sostenido la lucha constituyente de los últimos años ha sido la denuncia de la “constitución de Pinochet”, señalando en una frase el carácter ilegítimo de su aprobación en dictadura y el carácter neoliberal de su contenido. Lamentablemente, la cuestión del origen ilegítimo ha pesado más que la cuestión de su contenido, al menos para el progresismo. Esto se puede ver reflejado en la reciente declaración de la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que plantea que el hecho de que “la nueva Constitución sea hecha en democracia… tiene un valor en sí mismo”. No cabe duda de que una constitución redactada en dictadura tiene un origen ilegítimo. Pero lo que no puede perderse de vista es que la dictadura impulsó una nueva constitución no para legitimarse jurídicamente, sino porque lo que buscaba era deshacerse de las oportunidades democráticas, republicanas y desarrollistas que habilitaba la anterior Constitución de 1925 y, sobre todo, erradicar de manera preventiva la emergencia de una nueva revolución constituyente con horizonte socialista. La constitución de 1980 fue el “nunca más” de Pinochet: nunca más pueblo organizado, nunca más izquierda revolucionaria, nunca más clase trabajadora al poder.

En el actual escenario, el dilema constitucional es que la nueva constitución podría ser peor que la constitución de Pinochet, lo que pone a los sectores constituyentes en una situación totalmente desfavorable. En la misma entrevista que citamos antes, el ahora consejero constitucional Luis Silva (Republicano) afirmó que “El gran problema lo tiene el gobierno, porque si ellos llaman a aprobar, van a firmar una Constitución de derecha. Si llaman a rechazar, se quedan con la que quisieron cambiar. Y lo que va a pasar es que en cualquiera de los dos escenarios, cuando dejen de ser gobierno, van a salir a la calle a pedir una nueva Constitución. Y si estamos los republicanos en el gobierno, los voy a mandar a la mierda”. En esto se ha convertido la crisis constituyente de Chile.

Algunas hipótesis para comprender el momento y retomar la iniciativa

¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo podríamos salir hacia una nueva iniciativa política de la izquierda? Para concluir este breve análisis de los resultados del 7M y la crisis política en Chile, solo quisiera apuntar algunas hipótesis de lo que explicaría este escenario y los caminos posibles para retomar la iniciativa.

1. Fue un error del gobierno y sus partidos haber impulsado un nuevo proceso constitucional posterior a la derrota del 4S. No solo porque abría la puerta a una victoria de la derecha, sino porque eligió hacerlo en un escenario muy distinto al anterior. Al menos desde 2021, se venía consolidando un giro radical de las preocupaciones populares, desde las cuestiones político-sociales de la revuelta constituyente hacia las preocupaciones de sobrevivencia individual y familiar en el marco del cierre pandémico. Esto en parte es lo que podría explicar el resultado del plebiscito del 4S.
2. La parcial hegemonía política de la derecha se debe a un gobierno que ha retrocedido en su programa y ha asumido elementos del programa de la derecha. Al giro de las preocupaciones populares se ha sumado en los últimos meses una ofensiva de la derecha en los medios y el parlamento para ubicar en el centro del debate público la cuestión de la seguridad pública y la migración, especialmente a partir de la muerte de tres policías en los primeros meses de este año. Esta ofensiva ha llevado al gobierno y el oficialismo a responder con un relato y un trabajo legislativo que solo podría denominarse entreguista. Junto con asumir un relato criminalizador de la pobreza y la migración, ha respaldado proyectos que refuerzan la capacidad represiva de la policía, incluyendo artículos que autorizan a la policía utilizar sus armas de servicio ante la mera percepción de amenaza. Esta licencia para matar ya ha cobrado sus primeras víctimas, y de pasada ha servido para revocar condenas a agentes del Estado condenados por violaciones de derechos humanos en el contexto de revuelta. El gobierno ha justificado sistemáticamente sus retrocesos programáticos en la difícil correlación de fuerzas, pero también en la necesidad de acumular favores previos para cobrarlos en la discusión de la reforma tributaria que permitiría financiar su programa de derechos sociales expandidos. Pero este pasado marzo, el Congreso rechazó dicha reforma. Cabe preguntarse entonces qué sentido tiene concederle espacio legislativo a la derecha a cambio de votos parlamentarios que, es perfectamente esperable, nunca llegarán.
3. El proceso de politización polarizada que experimenta Chile se sigue profundizando. Y esto se expresa en que los sectores tradicionales de la centroderecha, el centro y la centroizquierda han ido perdiendo liderazgo político, incapaces de ofrecer una alternativa a la crisis. En esta última elección se desploma el centro, encarnado precisamente en esas fuerzas políticas que se niegan a reconocer que haya siquiera una crisis y que reivindican sin pudor alguno los 30 años de administración neoliberal post-dictadura que el estallido del 2019 vino a impugnar con vehemencia. La emergencia de una contrarrevuelta en las campañas por el Rechazo lideradas por la ultraderecha es evidencia que, luego de unos años de ventaja para la izquierda y los movimientos sociales, los sectores reaccionarios se están poniendo al día, buscando hegemonizar los términos de la lucha política con su ya internacionalmente conocida táctica de ensuciar el terreno con mentiras, provocaciones y amenazas. Estos esfuerzos han tenido resultados, electorales al menos, en los sectores más pobres, en aquellos donde la migración y la seguridad son vividos como los principales problemas, y donde hay mayor concentración evangélica.
4. Todavía no se cierra lo que se abrió en octubre 2019. La crisis política no termina de decantar, nacen y mueren actores colectivos, ninguno tiene un proyecto para superar el estancamiento. Con la debilidad política del progresismo, pareciera que solo el pinochetismo puede cumplir con las políticas de Estado que requiere el capital en Chile: precarización de la vida para golpear el valor de la fuerza de trabajo, contención militar de la inestabilidad social, ampliación sin límites de la matriz primario-exportadora, gobernanza a patadas ante un parlamentarismo inútil. La normalización del pinochetismo no resulta exclusivamente de sus victorias electorales, sino también de la actitud que adopten las fuerzas políticas ante el conjunto de la derecha. El gobierno ha optado por hacer guiños a la derecha tradicional por fuera del Partido Republicano, denominándola “derecha democrática” en busca de abrir líneas de diálogo legislativo. El problema de esta táctica es que en vez de dividir a la derecha para debilitarla, entrega legitimidad política a un sector que comparte los aspectos fundamentales del proyecto social y político del Partido Republicano. Una táctica más efectiva sería apuntar a aquello que tienen en común, trasladando el problema de la diferenciación a sus propias filas, promoviendo que ellos diriman a golpes quién reivindica qué lugar dentro de la derecha.
5. La radicalización de la derecha y la deriva del progresismo abren una oportunidad para la izquierda transformadora. Pero hoy una alternativa transformadora no es aquella que busca apelar al sentido común tal como existe hoy (ayer progresista constituyente, hoy republicano punitivista), sino el que esté dispuesto a patear el tablero de la crisis poniendo en el centro las necesidades inmediatas de la mayoría de la población (trabajadora, precaria, endeudada), ofreciendo a los sectores medios un camino de salida con políticas universales, y rompiendo radicalmente con el gran capital.
6. La unidad para levantar una alternativa de izquierda viable no puede usar la brújula de la moral, tendrá que usar la brújula de la guerra. En términos programáticos y de sujeto dinamizador, ningún proyecto revolucionario para Chile es posible sin una conducción feminista de masas. El feminismo es la mejor salida posible a las políticas de la identidad porque contribuye a superar el identitarismo oculto de la conducción misógina de la izquierda. La universalidad del feminismo es concreta y revolucionaria. En términos de actores existentes, ninguna nueva izquierda es posible sin la familia comunista, sin el archipiélago de la izquierda radical, sin la constelación de organizaciones territoriales, sin las dirigencias medias del sindicalismo, sin los intelectuales universitarios (de origen obrero o medio). En términos tácticos, no será posible enfrentar a la extrema derecha si no se asume una complementariedad táctica total. Necesitamos ir a todos los combates: lucha reivindicativa, construcción autogestionaria y cooperativa, disputa institucional y electoral. "El que quiere los fines, quiere los medios", decía un viejo revolucionario.
7. El primer punto de un nuevo programa tiene que ser la recuperación de la riqueza que acapara el capital. No pueden ser ya solo derechos sociales financiados con el mismo nivel de reparto entre capital y trabajo o programas de gasto social focalizado con cargo a unas arcas fiscales austerizadas. Los programas meramente redistributivos fracasan si no se enfrentan a la necesidad de recuperar esa parte de la riqueza producida que el capital se embolsa como ganancia. Vendrá el tiempo de una decisión trágica: o una creciente expropiación de la ganancia ilegítima del capital, o una profundización del ciclo de exterminio de la clase trabajadora. Esto no es algo que emerja de un deseo ideológico de izquierda, sino de la situación misma de nuestras economías, estancadas en una baja productividad, y en donde el sector privado es simplemente incapaz de invertir en los sectores que permitirían dinamizar el crecimiento en una dirección beneficiosa para toda la población. Sin algún grado de política expropiatoria, es decir, de reorganización del trabajo para aumentar la parte salarial y de un traspaso relevante de la actividad económica hacia el sector público, es imposible imaginar la transición hacia el tipo de desarrollo ecosocial que necesitamos para salir de la crisis ecológica al mismo tiempo que aseguramos una vida digna para nuestros pueblos.