El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentado el pasado miércoles 23 en Bruselas, convierte los movimientos migratorios humanos en delitos y a los migrantes en potenciales delincuentes que deben ser identificados, rastreados en caso de fuga, detenidos y devueltos a los países de origen, independientemente de las circunstancias por las que llegaron a las fronteras de la UE.
Europa Fortaleza de las Fronteras y los Lugares sin derechos
El Pacto fue equiparado por el Vicepresidente Schinas a una “casa de tres pisos” [1], con:
- La dimensión externa, centrada en acuerdos reforzados y a medida con los países de origen y tránsito, diseñadas para mantener a las personas en esos países y hacer que éstos tengan que readmitir a las que pueden llegar a Europa, bajo esquemas de “palo y zanahoria”;
- La gestión de las fronteras exteriores de la UE, con un FRONTEX reforzado y procedimientos de determinación y mecanismos de retorno más rápidos para evitar que las personas pongan sus pies en Europa;
- Un mecanismo llamado “de solidaridad”, que distorsiona totalmente el concepto, y que supone una división de responsabilidades entre los estados sobre la implementación de las medidas de identificación y control de las personas migrantes y refugiadas. Estas medidas incluyen la restricción de los derechos humanos, represión en las fronteras y la prevención del rescate en el mar desde un punto de vista humanitario -pero sin reconocer de ningún modo los derechos fundamentales de los pueblos migrantes y refugiados y sus comunidades. Para ellos no hay derechos ni tampoco, ni siquiera, solidaridad
El Pacto incluye más referencias al "no derecho" de entrar o quedarse que a los "derechos humanos", y utiliza repetidamente la idea de un procedimiento suave y sin problemas que conduce al retorno, reforzando la estrategia de una "Europa fortaleza" que no solo no mejora la situación fallida actual, sino que es lanzada como una advertencia para prevenir y desalentar a los pueblos migrantes y refugiados.
Europa de los Pueblos Migrantxs y Refugiadxs y de los ciudadanxs solidarixs
Europa, como otras regiones del mundo, está en las garras de la COVID-19, que pone en peligro la vida. Sin embargo, las múltiples e interrelacionadas crisis económicas, sociales, ambientales y políticas que el mundo está viviendo estaban evolucionando mucho antes del impacto de la COVID. El devastador extractivismo y acaparamiento de recursos por parte de las empresas transnacionales y otros estados son posibles gracias a un sistema neocolonial de comercio e inversión que es parte integral de las políticas gubernamentales de la UE y Europa. Este extractivismo y destrucción de los bosques ha acelerado las condiciones que nos han dado la COVID. Estas operaciones corporativas han causado la destrucción de la tierra y los medios de subsistencia y han llevado a guerras de recursos que han resultado en el desplazamiento forzado de millones de personas dentro y a través de los continentes, como se ve en esos viajes migratorios. Sin embargo, el Pacto de la UE considera a estas personas desplazadas forzosamente solo como delincuentes o posibles delincuentes.
Para nosotros, que vivimos en Europa, estamos siendo testigos del peor de los tiempos: la insensible intensificación y el despliegue de una necropolítica contra los pueblos migrantes y refugiados en nombre de la seguridad de Europa. El campamento de Moria en la isla de Lesbos todavía ardía por su devastador incendio cuando se publicó el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.
Nosotros mismos formamos parte de los pueblos migrantes y refugiados, así como de las organizaciones de solidaridad comprometidas que rechazan este Pacto de la UE y la política de exclusión racista que representa. Somos participantes en otra Europa - una Europa de "Nosotros los pueblos" - una Europa democrática e inclusiva que nos esforzamos por crear - que aprecia a todos sus pueblos por igual.
Por lo tanto, hemos participado en un proceso con el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en el que más de 500 movimientos, redes y organizaciones han presentado pruebas sobre las violaciones generalizadas, sostenidas y continuas de los derechos humanos de los pueblos migrantes y refugiados - su criminalización, y la criminalización de la solidaridad de los ciudadanos europeos al exigir/reclamar un trato basado en los derechos humanos como seres humanos.
El TPP, después de las audiencias (2017-en curso) en Barcelona, Palermo, París, Londres y Bruselas aprobó una sobria sentencia que exige a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea que asuman su responsabilidad por la "total negación de los derechos fundamentales de las personas y los migrantes y refugiados, que son verdaderos crímenes contra la humanidad ... y de acuerdo con las definiciones de derecho penal comúnmente acordadas deben ser reconocidos como "delitos del sistema".
Como organizaciones de migrantes y refugiados, y organizaciones de solidaridad ciudadana y de derechos humanos europeas, y movimientos transnacionales, reconocemos el desplazamiento forzado de los pueblos migrantes y refugiados del fallido modelo económico extractivista e industrial agrícola del sur global; el cambio climático y las guerras en las que han participado los gobiernos europeos en el Oriente Medio y el norte de África.
Hasta ahora, los líderes europeos han seguido una política de externalización de las fronteras y han invertido miles de millones (incluidos los fondos de desarrollo) en la construcción y el armado de un complejo militarizado de muros, fortalezas, ejército, marina y fuerzas aéreas para asegurar sus fronteras. Esto también incluye una cadena de “puntos calientes” y campamentos (como Moria) donde las personas están destinadas a sobrevivir hasta que mueran. Combinadas con una política de "retrocesos" y una agresiva "prohibición de rescate en el mar", estas políticas son, en efecto, una negación sistemática de los derechos humanos de los pueblos migrantes y refugiados que ha dado lugar a por lo menos 30.000 muertes y desapariciones en el mar y en el desierto y en el viaje por tierra.
Mientras algunos de nosotros nos reunimos en Berlín del 23 al 25 de octubre y muchos se unen a las plataformas en línea que participan en la audiencia del TPP, reiteramos nuestra repulsa por el abandono de los derechos humanos y la bancarrota moral del Pacto de la UE. El TPP de Berlín revisará el Derecho a la Salud y el Acceso a la Salud por parte de los migrantes y refugiados - aquellos que forman parte de los "trabajadores esenciales" en las muchas dimensiones del "trabajo esencial" de la C-19 - agricultura, construcción, cuidados, salud y trabajo doméstico. Pero estos trabajadores y trabajadoras no están en la opinión de los creadores del Pacto de la UE.
La Europa y el futuro que queremos - ¡La Europa de la igualdad y la solidaridad!
Hemos visto cómo se construye año tras año la política migratoria europea de exclusión y muerte. También hemos visto cómo las ideas populistas y racistas de derechas se vuelven cada vez más aceptables socialmente en toda Europa. Constantemente oímos hablar de las consecuencias mortales de estas políticas y de las terribles violaciones de los derechos humanos.
Ahora, enfrente del continuo cierre de las fronteras europeas, la externalización de las políticas migratorias, las restricciones a la libertad de movimiento que causan violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas durante sus viajes migratorios, en las carreteras, en los desiertos y en los mares y también dentro de Europa, y frente a la criminalización de los ciudadanos solidarios, nosotros, los pueblos migrantes y refugiados, los movimientos sociales y las asociaciones de organizaciones de la sociedad civil de muchas partes de Europa decimos ¡basta!
Ya no aceptamos estos pactos que deshumanizan a las poblaciones y excluyen sistemáticamente a los migrantes y refugiados - al mismo tiempo que confían y se benefician de su trabajo sin derechos. Así pues, una regularización generalizada y global de todas las poblaciones migrantes y refugiadas en la UE es esencial y urgente para que puedan finalmente ejercer sus derechos laborales, sociales y sanitarios, en beneficio propio y de la sociedad en su conjunto.
No toleraremos que otros seres humanos - solicitantes de asilo y pueblos migrantes - sean cazados, encerrados en centros de detención y en campos de refugiados, privados de todos sus derechos, sometidos a una brutalidad racista y reducidos a no personas. Exigimos a los mismos dirigentes europeos que han firmado este Pacto que pongan en práctica la liberación inmediata de todos los migrantes de esas prisiones políticas y la evacuación y el cierre de todos los campamentos, así como el traslado urgente a las ciudades y pueblos europeos que se han declarado dispuestos a recibirlos.
Una política alternativa de migración y asilo es posible, pero requiere coraje moral y una política auténticamente democrática basada en los derechos de los pueblos. También debe ir acompañada de una nueva economía y visión que anteponga el bienestar de las personas y del planeta a los beneficios.
Hacia un Acuerdo de un Pacto Global por la Solidaridad y por los Derechos de los Migrantes y Refugiados
Nosotros, las comunidades afectadas de pueblos migrantes y refugiados, junto con los movimientos, redes y organizaciones que participan en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las violaciones con impunidad de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, proponemos un Pacto Global de Solidaridad por los Derechos de los Pueblos Migrantes y Refugiados. Nos acercamos a todos aquellos que creen que migrar o buscar asilo no es un delito, sino un derecho humano. Construyamos juntos este Pacto Global de Solidaridad.
Este Pacto Mundial de Solidaridad y por los Derechos de los Migrantes y Refugiados propone:
- restablecer la primacía de los derechos humanos de las personas y de los pueblos, por sobre los beneficios e intereses de los Estados, las oligarquías y las transnacionales, garantizando la multilateralidad y la democracia en las Naciones Unidas.
- promover la autodeterminación, la democracia y la soberanía alimentaria de los pueblos, posibilitando la construcción de economías locales sostenibles, solidarias y justas que garanticen a las poblaciones su derecho a vivir dignamente en sus territorios sin verse obligados a ningún tipo de desplazamiento.
- garantizar el derecho inalienable a la libre circulación de todas las personas, promoviendo la cooperación regional e internacional para establecer políticas públicas que lo garanticen y protejan a quienes han decidido emigrar, de cualquier violación de sus derechos, especialmente contra las mujeres, los niños y los refugiados por razones políticas, económicas, climáticas y sociales.
El respeto de los derechos humanos y la asunción de responsabilidad por parte de los Estados pueden evitar la criminalización, represión o encarcelamiento de los migrantes por serlo, tanto durante su viaje migratorio como en sus países de destino y estancia, garantizando también la documentación y regularización de todas las personas, así como la ratificación y el estricto cumplimiento de todas las normas internacionales que protegen a los refugiados, trabajadores y migrantes y a todos sus familiares. La cooperación y la solidaridad entre los Estados podría permitir la adopción de políticas económicas que garanticen la cobertura de las necesidades básicas de toda la población, la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Este nuevo Pacto Mundial de Solidaridad que promovemos requiere para su implementación del esfuerzo unitario e internacional de movimientos, organizaciones, colectivos y fuerzas sociales, y se construirá desde abajo, desde nuestras familias, territorios, comunidades y alianzas. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que se comprometan a enfrentar el Pacto Mundial para el Control de las Migraciones de los Estados a apoyar y sumarse a este Pacto Alternativo de Solidaridad y unidad cuyo eje central es la defensa de los plenos derechos de los migrantes y refugiados en todo el mundo.
¡Construyamos un Pacto Global de Solidaridad!
Berlín, 25 de octubre de 2020
