La represión judicial se ha convertido en una nueva arma de los Estados en la lucha contra la protesta social. Las estrategias policiales que a menudo implican violencia injustificada no parecen suficientes para los poderosos. La situación actual indica que estamos asistiendo a una creciente judicialización de la policía como parte de una dinámica moderna de represión judicial.

En este sentido, el caso chileno es paradigmático. Desde el fin de la dictadura, la "paz" social se ha construido sobre la base de promesas de democracia y libertad, persiguiendo a los grupos considerados radicales y al pueblo mapuche, a quienes se aplica la Ley de Seguridad del Estado, un legado ingrato de la Dictadura.

El último caso que provocó nuestra reacción se refiere a la condena de 6 jóvenes: Miguel Ángel Varela a 15 años de prisión, Felipe Ríos a 12 años de prisión y Hugo Barraza, Constanza Gutiérrez, Nicolás Valle y Rodrigo Araya a 10 años de prisión por la muerte en un incendio de un trabajador de 71 años durante una manifestación callejera el 21 de mayo de 2016 (día de presentación de informes del gobierno). Estas duras sentencias para un caso muy publicitado plantean muchas dudas y permiten afirmar, lo que se está convirtiendo en un hábito, la existencia de una estructura policial y judicial para encontrar a los culpables.