Uno tras otro los países de la Unión Europea (UE) han iniciado el llamado desconfinamiento. Tras largas semanas de encierro impuesto por la crisis del coronavirus sus habitantes intentan retomar el ritmo de una vida normal, aunque lentamente. Para los pueblos migrantes y refugiados la crisis está lejos de haber concluido. Miles siguen confinados en campos y/o asentamientos insalubres, o sobreviven en la precariedad y la marginalidad, amenazados por el racismo, el miedo y la represión.
La situación en Lesbos, Grecia, donde sobreviven más de 30.000 personas migrantes es el ejemplo más terrible de la violación cotidiana de los derechos humanos por parte de un Estado y de la Unión Europea, que al no prestar la ayuda necesaria a las personas cuyas vidas están en peligro son culpables de un crimen contra esas poblaciones. La decisión de algunos gobiernos para recibir, a cuenta gotas, a algunos menores de edad y mujeres provenientes de Lesbos, no debe ocultar la dimensión de la tragedia humana que viven las personas indocumentadas.
Miles de trabajadores confinados en asentamientos precarios en Andalucía, el sur de Francia o distintas regiones de Italia, entre otros, sin alimentos ni servicios sanitarios básicos, son otra realidad sangrante que la pandemia ha venido a agravar. Al mismo tiempo, especialmente en las ciudades, muchas mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico han perdido sus empleos e ingresos. Al no tener papeles no pueden acceder a las ayudas del gobierno y, como muchas personas migrantes o refugiadas solas con hijos, se encuentran en un alto riesgo de estar -o ya están- sin hogar y, por lo tanto, se encuentran más expuestas a la amenaza del Covid-19.
La pandemia del coronavirus ha producido una crisis multifacética de dimensiones incalculables. Es una crisis sanitaria, económica, social y humanitaria. Y sobre todo una crisis de este sistema capitalista, productor de crisis y generador de la explotación hacia las poblaciones más vulnerabilizadas, en particular los pueblos migrantes y refugiados.
Para enfrentarla varios gobiernos no han dudado en recurrir al lenguaje bélico o a un vulgar patriotismo y nacionalismo, llamando a la “unidad de la patria” y “el cierre de fronteras”, militarizando las políticas de migración. Denunciamos el hecho que las medidas sanitarias, necesarias para combatir la pandemia, sean utilizadas para estigmatizar, discriminar o violar los derechos humanos de las comunidades y pueblos de migrantes que ahora se encuentran varados, encerrados en una suerte de limbo en la que no pueden circular, volver a sus países de origen, encontrarse con sus familias. Esta estrategia se utiliza, una vez más, para impedir los rescates en el Mediterráneo, no autorizando el desembarco. Los dos buques de rescate civil Alan Kurdi y Aita Mari fueron inmovilizados por las autoridades italianas en el puerto de Palermo los días 5 y 6 de mayo, después de haber salvado a unas 183 personas, lo que les impidió regresar al mar y reanudar las operaciones de rescate. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en su sentencia de Palermo en 2018 calificó estas prohibiciones de rescate "como crímenes contra la humanidad en el Mediterráneo" y también recientemente advierte, "la ceguera nacionalista puede tener efectos más devastadores que una pandemia".
Invisibilizados por las políticas xenófobas y discriminatorias, los pueblos migrantes y refugiados han demostrado una vez más su importancia para la sociedad cuando son requeridos para trabajar en sectores como la agricultura, la limpieza, el sector de los cuidados o en la distribución de alimentos, muchas veces sin protección alguna y sin reconocimiento de sus derechos.
Entre los países que integran la Unión Europea, Portugal permitió documentar a los migrantes que antes del inicio de la crisis del coronavirus habían iniciado el proceso para pedir su legalización; Italia ha aceptado también una regularización con el fin de garantizar labores esenciales y que puedan acceder a apoyos sanitarios y sociales. En el resto de países, cuando se han adoptado medidas para darles “papeles”, se ha hecho bajo la óptica de garantizar mano de obra agrícola o forestal o en servicios de limpieza o sanitarios, sin asegurar ni priorizar el respeto de sus derechos básicos.
Es imprescindible y urgente una regularización generalizada y amplia de todas las personas migrantes y refugiadas de la UE para que al fin puedan ejercer sus derechos laborales, sociales y sanitarios adecuadamente en beneficio propio y del conjunto de la sociedad.
La crisis del coronavirus ha dejado miles de muertos en Europa, pero también ha visto nacer nuevas solidaridades, desde abajo, entre y hacia los más débiles, esos “nadies” que en todos los países han surgido para enfrentar el desafío más importante de la humanidad en muchos años. También hemos visto que los Estados, cuando quieren, pueden invertir millonarias cantidades para salvar empresas, empleos, vidas humanas. Hacemos un llamamiento a los gobiernos de la UE para que pongan fin a los acuerdos bilaterales de externalización de las fronteras (con Libia, Turquía, Marruecos, etc.) donde las devoluciones en caliente están dando lugar a detenciones arbitrarias y abusos y represión indiscriminada. También pedimos el fin de las inversiones millonarias en equipos militares. En cambio, se necesita con urgencia que la UE y sus estados miembros retomen la responsabilidad de salvar vidas y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a los pueblos migrantes y refugiados.
Es obvio que la reactivación de nuestras sociedades, si se trata de evitar otra crisis tanto o más grave que la actual del coronavirus, no puede seguir negando los derechos de esos millones de personas que constituyen las comunidades y pueblos migrantes.
14 de mayo, 2020
