“La expresión política de la identidad catalana es demasiado persistente e intensa como para desvanecerse anónima en una única polis y, en democracia, rotas las ataduras del miedo, el proyecto unitario de España presenta otras debilidades añadidas que cumple no agitar (País Vasco, Galicia…)”. Este diagnóstico de un exministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, publicado en la Presentación de una Antología reciente de Daniel Guerra, El pensamiento territorial de la Segunda República española (Athenaica, 2017), viene a sintetizar la constatación del fracaso histórico del nacionalismo español dominante no sólo en torno a la cuestión catalana, sino también en su proyecto de asimilación de la diversidad nacional y cultural existente dentro del Estado español.
En efecto, ese nacionalismo, representado principalmente por el tripartito del régimen monárquico, tiene un problema doble: buscar una respuesta a ese fracaso tanto en su relación con un amplio sector de la sociedad catalana como ante la cada vez más visible realidad plurinacional. Esa respuesta, si quiere ser democrática, exigiría aceptar la necesidad de un trato de igual a igual con Catalunya (o sea, respetar su derecho al divorcio) y, a su vez, “repensar España” renunciando a la concepción uninacional del Estado en la que se ha basado su construcción a lo largo de la historia para pasar, como también propone Caamaño, a proponerse como politeia.
Es evidente que ni PP ni C’s están dispuestos a dar pasos adelante en ese camino. Al contrario, con la aplicación extensiva del artículo 155 de la Constitución y los ataques no sólo al autogobierno sino también a la lengua y a la enseñanza en Catalunya, ambos partidos parecen aspirar a una recentralización del Estado e incluso a una renacionalización española en toda regla.
Lo más preocupante está en que también las elites dirigentes del PSOE, una vez domesticado Pedro Sánchez y enterrada la “plurinacionalidad”, han cerrado filas también en torno al artículo 155 y a la defensa fundamentalista de la Constitución y de la “unidad de España”, limitándose a prometer una reforma constitucional moderadamente federalizante que, como ya hemos escuchado, ni PP ni C’s están dispuestos a negociar.
En realidad, no deberíamos extrañarnos mucho de tal evolución del socialismo español. Recordamos que ya a finales de 1989, frente a una declaración que a iniciativa de ERC aprobó el Parlament -en la que se decía que “el acatamiento del marco constitucional vigente (…) no significa la renuncia del pueblo catalán al derecho de autodeterminación”-, el entonces presidente del gobierno Felipe González manifestó que “estaría dispuesto a utilizar algunos de los mecanismos excepcionales previstos en el Título VIII de la carta Magna. El artículo 155 de la Constitución faculta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para forzar a las Comunidades Autónomas al cumplimiento de sus obligaciones legales y al abandono de toda actuación que ‘atente gravemente contra el interés general de España”.
No puede sorprender, por tanto, que fuera el mismo Felipe González el principal impulsor del golpe de estado interno que sufrió Pedro Sánchez ante su aspiración de convertirse en alternativa de gobierno después de las elecciones de junio de 2016 con el apoyo de Podemos y de las fuerzas independentistas catalanas.
En cambio, debería reconocerse desde Catalunya como un dato muy positivo que desde la campaña electoral de diciembre de 2015 Unidos Podemos haya asumido la defensa de la plurinacionalidad y del derecho a decidir de Catalunya, ya que es la primera vez que una fuerza política con posibilidades de convertirse en alternativa de gobierno asume esas demandas. También lo es que, aunque sea tardíamente, presente ahora un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Con todo, hemos podido comprobar que su propuesta de “repensar España” parece limitarse a buscar el “encaje” de Catalunya en aquella. Formulada así, no parece que su asunción de la plurinacionalidad acabe de romper con una concepción de “Nación de naciones” que sigue atribuyendo a la nación catalana la condición de subalternidad respecto a la española.
Esa ambigüedad calculada podría explicar también su vocación de equidistancia –más preocupante aún en el caso de IU- entre el nacionalismo español dominante y el catalán, o su reticencia a apoyar la participación efectiva en el referéndum del pasado 1 de octubre. Posición que entró en contradicción con la adoptada por Podem y que ha conducido finalmente a imponer desde Madrid medidas que han venido a recordar las prácticas centralistas de la vieja izquierda española.
