Al término de la 50ª sesión sobre Pandemia y Autoritarismo, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) emitió un juicio contra el presidente Jair Messias Bolsonaro por crímenes contra la humanidad, y por causar la muerte de miles de personas como consecuencia de las políticas de prevención de Covid-19. En concreto, el TPP constató que el rechazo a la política de aislamiento, prevención y vacunación contra la pandemia del Covid-19 provocó la muerte de miles de personas, especialmente las pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad brasileña, concretamente los pueblos indígenas, los negros y las comunidades quilombolas. El Tribunal argumentó que, “en contra de la posición unánime de los científicos de todo el mundo y de las recomendaciones de la OMS, Bolsonaro no sólo se aseguró de que la población brasileña no adoptara las medidas previstas para limitar la infección, sino que creó repetidamente diversos obstáculos a las mismas, frustrando los intentos de su propio Gobierno de establecer políticas para proteger a la población del virus“. (Sentencia, p. 16). El Tribunal también observó que estos crímenes se produjeron en el contexto más general de una política específica y gravemente discriminatoria dirigida contra los pueblos indígenas, los negros y los quilombolas, de forma tal que constituye una responsabilidad penal directa por violación grave de los derechos humanos. En el caso concreto de los pueblos indígenas, el Tribunal consideró que la situación de represión de su derecho a la vida coincide con un proceso de genocidio progresivo, gota a gota, que requiere una respuesta urgente y directa de la Corte Penal Internacional como órgano jurídico directamente competente.
Una sentencia que califique inequívocamente la responsabilidad individual del presidente Jair Messias Bolsonaro por los crímenes que se han establecido tiene una relevancia más general en el marco del derecho internacional. Como se subraya explícitamente en la parte final, “esta sentencia es una denuncia del carácter criminal de todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobernantes, con la consiguiente responsabilidad penal: no sólo por las políticas asesinas que permitieron el contagio masivo de Covid-19, sino en general por todas las políticas que violan los derechos humanos. De hecho, los argumentos de esta sentencia también pueden aplicarse a otras violaciones masivas de los derechos humanos, como la falta de asistencia, los secuestros, los cierres de puertos y los bloqueos navales, aplicados contra los migrantes por muchos gobiernos, o propuestos por los candidatos a puestos de gobierno. Esto demuestra la gravedad de estos comportamientos llamándolos por su nombre: crímenes contra la humanidad cuya responsabilidad penal pesa incluso por encima de los gobernantes. Por último, esta sentencia representa un paso en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos” (Sentencia, p. 17)
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La Acusación.
En la acusación presentada al TPP, las asociaciones firmantes – Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Black Coalition for Rights y el Public Services International – argumentaron que el presidente Bolsonaro y su gobierno propagaron intencionalmente la pandemia del Covid-19, generando muertes evitables que afectaron principalmente a la población indígena, a los negros y a los trabajadores de la salud, como parte de su política más amplia de violaciones de los derechos humanos, erosión de la democracia y discriminación contra las minorías. De este modo, se cometió el delito de propagación intencionada de una pandemia, que los autores de la acusación identificaron como un crimen contra la humanidad como parte de una política genocida más amplia contra los pueblos indígenas.
Composición del jurado.
ANTIGUA Y BARBUDA – Sir Clare Roberts, ex ministro de Justicia, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema del Caribe Oriental; ARGENTINA – Alejandro Macchia, médico y epidemiólogo; Eugenio Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema argentina y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – OEA; BRASIL – Kenarik Boujikian, ex juez del Tribunal de Justicia de São Paulo Rubens Ricupero, embajador, ex ministro, ex secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Vercilene Dias Kalunga, dirigente quilombola y abogado; REINO UNIDO – Baronesa Vivien Stern, miembro de la Cámara de los Lores, especialista en derecho penal y derechos humanos; ITALIA – Nicoletta Dentico, periodista, escritora y consultora en salud global; PORTUGAL – Luís Moita, profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa, especialista en estudios sobre la paz y la guerra.
