Presentación del grupo de trabajo

¿Por qué los movimientos sociales deben preocuparse por el tema de las migraciones internacionales?

Porque hablamos de humanidad.

El trato inhumano que se inflige a las personas por la simple razón de querer cambiar de lugar de residencia es inaceptable. Hoy en día nadie puede apartar la mirada frente a la llegada de mujeres y hombre migrantes que huyen de toda clase de peligros y precariedades y considerar que todo lo que se ha hecho desde hace años constituye una respuesta proporcionada. El aumento catastrófico de muertos/as y desaparecidos/as en el Mediterráneo y la multitud de informes que documentan las graves violaciones de los derechos humanos que sufren los migrantes en los países de tránsito (esclavitud, trata y prostitución, tortura, etc.) son algunas de las pruebas de cómo se ha degradado la situación de los que deciden abandonar su país.

Porque hablamos de una flagrante injusticia entre el «Norte» y el «Sur}».

Los sistemas que regulan las migraciones son, en esencia, prerrogativas estatales y ya no se adecúan a las realidades migratorias del siglo XXI, marcadas por la globalización. Estos sistemas ultrajan un derecho fundamental recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos [1]. Además, consagran la existencia de una movilidad a dos velocidades: los países más privilegiados ofrecen a sus ciudadanos posibilidades de circulación sin apenas límites, mientras las tres cuartas partes de la humanidad no pueden escapar de una especie de arresto domiciliario. Todo esto resulta en trámites administrativos absurdos, exigencias de garantías económicas desmesuradas, situaciones laborales comparables a la esclavitud y una creciente criminalización de la llamada inmigración ilegal. Los migrantes se han convertido en víctimas de la arbitrariedad y la violencia institucional, así como en presas de las redes criminales.

Porque el enfoque actual está basado en varios errores de análisis.

Las políticas respaldan una visión utilitarista de las migraciones, haciendo creer que deben reducirse en períodos de crisis como si de un factor agravante se tratasen. Esta política se apoya en un error doble de análisis: la creencia de que la migración tiene un impacto negativo en la economía y la creencia de que el cierre de las fronteras supone una reducción de las migraciones.

Son muchos los estudios que han puesto de relieve el impacto positivo de las migraciones en la economía de los países de destino. Lo mismo ocurre en los países de partida, donde las migraciones favorecen el desarrollo y la economía gracias, por ejemplo, al envío de dinero de los migrantes: en 2012, los fondos oficiales repatriados a nivel mundial por los migrantes a sus países de origen ascendieron a 401 mil millones de dólares. Según el Banco Mundial, estas transacciones son muy superiores a las ayudas públicas al desarrollo.

Las políticas migratorias represivas tienen por objetivo la reducción de los flujos migratorios: esta concepción está fundamentada en un desconocimiento de las causas migratorias, en las que intervienen factores de atracción y de repulsión. Los movimientos de personas en el espacio mediterráneo no han sido nunca tan elevados como ahora, mientras que al mismo tiempo los medios puestos en marcha para controlar las fronteras no han sido nunca tan importantes y sofisticados. Las consecuencias son catastróficas: entre 2000 y 2014, murieron más de 40,000 migrantes, de los cuales 22,000 en el Mediterráneo, mientras intentaban llegar a otros países. En definitiva, hay algo muy claro: aunque se refuercen los medios de control o vigilancia y el arsenal legislativo, las migraciones no disminuyen y las autoridades políticas muestran su incapacidad para extraer una conclusión plausible. Además de no alcanzar los objetivos propuestos, esta política represiva es extremadamente costosa.

Porque el enfoque actual constituye una amenaza para la convivencia en todas las sociedades.

Un gran número de estados han instaurado políticas migratorias represivas que se caracterizan por el cierre de las fronteras y la intensificación de los controles, cuyo resultado es la creación de una categoría de personas consideradas «ilegales». Esta política fractura todavía más nuestras sociedades. Contribuye a un aumento de la intolerancia y hace que se perciba a las extranjeras y a los extranjeros como personas amenazantes e indeseables, lo que lleva a los migrantes a situaciones dramáticas.

Hoy en día, la migración sigue el ritmo de un mundo globalizado y en constante desarrollo, es decir, está destinada a crecer y a diversificarse. Negar esta realidad, ignorarla o afirmar poder controlarla ha producido los peores abusos registrados hasta la fecha: la muerte y el sufrimiento de miles de personas, la violación de los derechos humano y la creciente segregación entre ricos y pobres; por no hablar de las frustraciones que se acumulan y del ensimismamiento que alimenta a los extremistas. Ha llegado así el momento de reconsiderar las condiciones que afectan a la movilidad de las personas, para lo que es indispensable una perspectiva universal y de cambio de gobernanza. La construcción de un cambio así deberá llevarse a cabo desde una óptica de ciudadanía universal que cuente con la participación de las sociedades civiles y los propios migrantes.

Es urgente considerar la migración, de forma sosegada, como un hecho social común, característico de los tiempos presentes y venideros, profundamente arraigado a las transformaciones mundiales, de las que es al mismo tiempo causa y consecuencia.

Es momento de que los movimientos sociales se movilicen y hagan un llamado a la conciencia y a la inteligencia colectiva, a un cambio de rumbo para salir de este callejón sin salida y responder a los desafíos históricos que se nos plantean.

¿Cómo debemos movilizarnos?

Indignándonos. Apelando a la conciencia.

Debemos abandonar la mentalidad de un mundo que ya no existe, dejar de gastar nuestras energías en políticas vanas, mortíferas y contraproducentes; y mirar de frente a la evidencia de la movilidad, a las oportunidades que esta ofrece al desarrollo de los individuos y de las sociedades, a la solidaridad y a la paz. En un mundo de interdependencia y comunicación, la frontera ya no puede ser una barrera, ni un cierre, ni mucho menos un cementerio; sino un espacio de encuentro, de intercambios y de apertura. Los movimientos sociales deben abandonar el silencio y alzar la voz para denunciar esta inaceptable realidad.

Ofreciendo propuestas.

Los movimientos sociales deben analizar lo que está ocurriendo y proponer otros planteamientos. Deben demostrar que existen políticas migratorias alternativas; que ya hay políticas y espacios geográficos que permiten la libre circulación de personas (Espacio Schengen en la Unión Europea, UNASUR en América del Sur, CEDEAO en África Occidental, ASEAN en los países del Sudeste Asiático…). Para evitar que la propia libertad de circulación sea fuente de nuevas formas de precarización o explotación, deberá estar estrechamente ligada al acceso igualitario y al respeto de los demás derechos fundamentales; es decir, se necesitará una perspectiva de ciudadanía universal. De forma paralela, se deberá reafirmar las garantías en materia de asilo y de protección internacional. No se podrá construir nada sin un mínimo de objetivos vinculantes, regulaciones imperativas, reparto de responsabilidades y respeto a los compromisos contraídos. Las universidades deben desempeñar un papel activo en la producción científica de contenidos que traten los fenómenos migratorios, pero también en la enseñanza de estos contenidos.

Aliándonos en un frente común.

Para lograr avances en este campo es indispensable un diálogo multilateral. Por ello, conviene crear espacios de discusión entre los estados, las autoridades locales, los/as electos/as, los/as migrantes, los/las expertos/as y la sociedad civil, en el marco y bajo la legitimidad de Naciones Unidas. Tras haber puesto en marcha un «diálogo de alto nivel» y haber presentado numerosos trabajos y declaraciones que reconozcan la aportación de las migraciones, Naciones Unidas deberá marcar una nueva etapa celebrando una conferencia de estados con el fin de llevar a la práctica la libertad de circulación de las personas. Los migrantes deben ser parte integrante de los procesos de discusión sobre el derecho a la movilidad y a la libertad de circulación y de instalación, pero su opinión también debe tenerse en cuenta fuera de estos fórums. Más allá de las cifras y las teorías, es necesario recordar que tras las cuestiones de migración hay vidas humanas en juego, y los migrantes son los que en mejor situación se encuentran para poder ofrecer un testimonio de esta realidad. Por lo tanto, es primordial volver a dar voz a los principales implicados, permitirles ser ciudadanos en pleno derecho y parte activa de las luchas. Esta alianza entre las asociaciones de migrantes y los demás movimientos sociales no debe permitir que nos olvidemos de defender también el derecho a permanecer «en casa»: es importante velar por que la migración no sea la única opción. En este sentido, es esencial aliarse también con las asociaciones que defienden «el derecho a vivir y trabajar en el país de cada uno».

[1Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos – 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

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