La represión judicial se ha convertido en una nueva arma de los Estados en la lucha contra la protesta social.
El último caso que provocó nuestra reacción se refiere a la condena de 6 jóvenes por la muerte en un incendio de un trabajador de 71 años durante una manifestación el 21 de mayo de 2016. Estas duras sentencias para un caso muy publicitado plantean muchas dudas y permiten afirmar la existencia de una estructura policial y judicial para encontrar a los culpables.