En la COP27 de noviembre de 2022 se alcanzó un acuerdo para crear un mecanismo de "pérdidas y daños". Tras muchos años de reclamaciones, los países más vulnerables a las catástrofes climáticas provocadas por el cambio climático podrán por fin beneficiarse de un fondo puesto a su disposición por los países más contaminantes [1]. Pero esta decisión no es más que un pequeño paso ante la magnitud de la deuda ecológica, y aún queda mucho camino por recorrer para lograr la justicia climática. El CADTM (Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima) define la deuda ecológica, a veces llamada deuda climática, de la siguiente manera: "La deuda ecológica es la deuda contraída por los países industrializados con otros países a causa del saqueo pasado y presente de sus recursos naturales, a lo que hay que añadir el traslado de la degradación y la libre disposición del planeta para depositar los residuos de la industrialización" [2]. Se originó en la época colonial y ha crecido desde entonces.
Puede desglosarse en cuatro actividades la "deuda de carbono" que se acumula como consecuencia de la contaminación atmosférica debida a las emisiones de gases de efecto invernadero, la "biopiratería", que consiste en "la apropiación intelectual de los conocimientos ancestrales sobre las semillas y el uso de las plantas medicinales por parte de la agroindustria y los laboratorios modernos de los países industrializados", los "pasivos ambientales", es decir, la deuda que se debe a "la explotación infrapagada de los recursos naturales" y, por último, "la exportación a los países más pobres de productos peligrosos fabricados en los países industrializados" [3]. La deuda ecológica es difícil de cuantificar porque es complicado atribuir un valor monetario a los recursos procedentes de la naturaleza. También puede ser indeseable [4].
La deuda ecológica y la deuda financiera externa están estrechamente vinculadas. Los países endeudados se ven presionados por sus acreedores para reembolsar sus deudas, lo que sólo pueden hacer en plazos tan ajustados a costa de los derechos de sus poblaciones y de la naturaleza.
¿Por qué la deuda ecológica se revela como un concepto clave para comprender la actual necesidad global y urgente de combatir el calentamiento global? ¿Cómo puede proponer soluciones sostenibles y justas para combatir el calentamiento global y proteger a las personas y al planeta de sus consecuencias?
I – El concepto de deuda ecológica: definición e historia
II – El impacto de la deuda ecológica en las personas
III – Deuda financiera y deuda climática
IV – ¿Hacia un replanteamiento del Norte?
V – Movimientos sociales y movilización en torno a la deuda climática
I - El concepto de deuda ecológica: definición e historia
Concepto de deuda ecológica
Au fait, c’est quoi, la dette écologique ? Reporterre, 27 de marzo de 2012
Contrastando esquemáticamente los países del Norte y del Sur, puede decirse que el desarrollo industrial del Norte se basó en parte en la explotación de los recursos naturales del Sur. El Norte se apropió de estos recursos mediante la violencia durante la época colonial, e incluso después, a un coste irrisorio. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero del Norte han sido y siguen siendo muy superiores a las del Sur. Los pueblos del Sur han empezado a denunciar esta explotación de sus territorios y a defender una justicia medioambiental basada en la igualdad de derechos de acceso y uso de los recursos naturales. Mientras los más ricos y/o poderosos acaparen más recursos vitales que los demás, acumulan una deuda ecológica con ellos. Entonces pueden exigir el "reembolso" en forma de reparaciones. El investigador estadounidense Mariano Torras, tratando de establecer un paralelismo entre la deuda ecológica del Norte y la deuda financiera externa del Sur, ha llegado a la conclusión de que 41 de los 46 países pobres afectados se convertirían en acreedores si se beneficiaran del reembolso monetario de la deuda ecológica del Norte. Eric Toussaint, del CADTM, propone que las reparaciones que el Norte debe pagar a los pueblos del Sur recaigan sobre las clases y empresas responsables de esta deuda.
No hay justicia climática sin justicia de deuda Global Action For Justice and Debt Cancellation
"No hay justicia climática sin justicia de la deuda". Este es el lema del movimiento Acción Mundial por la Justicia y la Anulación de la Deuda. Denuncia la acumulación de deuda en los países del Sur vinculada a las consecuencias del calentamiento global. Los países más afectados por el calentamiento global tienen los costes de endeudamiento más elevados, porque los riesgos medioambientales a los que se enfrentan son mayores. En consecuencia, se ven obligados a endeudarse con intereses elevados para aplicar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. La prioridad concedida al reembolso de la deuda impide dar una respuesta adecuada a las emergencias a las que se enfrentan las poblaciones. El coste del servicio de la deuda recae principalmente sobre las mujeres y los niños, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad.
Para romper con este modelo injusto, los países del Norte deben reconocer la deuda climática que han acumulado y reparar los daños causados por la colonización y, posteriormente, por las dinámicas neocoloniales. Hay que poner en marcha una financiación climática sostenible, en forma de donación y no de deuda, para pagar parte de la deuda ecológica. Las deudas financieras deben anularse para garantizar una recuperación verde e integradora y permitir a todos los países hacer frente a los retos del cambio climático. Al mismo tiempo, los países del Norte deben contribuir a la restauración ecológica, acabar con el extractivismo y cambiar sus modelos de producción y consumo. Global Action for Justice and Debt Cancellation exige una garantía de que no se repetirán los modelos alienantes. Dado que la justicia climática y la justicia económica y de la deuda son mutuamente dependientes, el movimiento pide a lxs líderes mundiales, a los gobiernos y a las instituciones financieras que adopten nueve medidas emblemáticas urgentes y ambiciosas.
La historia de la deuda ecológica
La dette écologique, réparer le passé et assurer l’avenir Balises, 22 de noviembre de 2021
El término deuda ecológica se utilizó por primera vez en el folleto Femmes en mouvement (Mujeres en movimiento) de la ecofeminista Eva-Maria Quistorp en 1985. En 1992, la ONG Instituto de Ecología Política publicó el informe Deuda Ecológica, en el que culpaba a los países ricos del agujero en la capa de ozono y de su impacto en la salud. Ese mismo año, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Acción Ecológica, Amigos de la Tierra y otras ONG firmaron conjuntamente el Tratado de la Deuda, que reconocía la existencia de la deuda ecológica de los países del Norte con los del Sur y pedía la condonación de la deuda financiera de estos últimos. Restaurar la naturaleza sería un compromiso entre el concepto de "justicia restitutiva" de Paul Taylor, según el cual el ser humano tiene una responsabilidad hacia la naturaleza y debe pagar íntegramente su deuda ecológica, y la tesis del sociólogo Jack Katz, para quien restaurar la naturaleza a su estado original es imposible y la deuda no es reembolsable. Para los investigadores de la Universidad de Gante, la deuda ecológica es una deuda de un Estado con otro. Cuando uno de ellos entra en el mercado mundial para asignar sus recursos naturales, se expone a un "comercio ecológicamente desigual", según Juan Martínez Alier. Los precios de los productos exportados por los países "pobres" no tienen en cuenta los costes sociales y medioambientales asociados a su producción. Según Noémie Candiago, la deuda ecológica es producto de un marco económico y jurídico "ambivalente"; los Estados son a la vez soberanos en su gestión de los recursos naturales y están sujetos a las leyes del mercado financiero. El concepto de deuda ecológica ha surgido de una contracultura jurídica y ecológica que desafía el orden económico establecido; se trata de un "enfoque deconstructivista crítico".
El contexto colonial de la deuda ecológica
Le véritable New Deal avec l’Afrique c’est d’en finir avec son pillage et le néocolonialisme ! CADTM, Survie, 21 de mayo de 2021
El 18 de mayo de 2021 se celebró en París, por iniciativa de Emmanuel Macron, una cumbre sobre la financiación de las economías del África subsahariana. Bajo la apariencia de "soluciones innovadoras" y de un "Nuevo pacto para la financiación de África", defendió las mismas políticas neoliberales impuestas a los países africanos desde hace varias décadas y responsables de sus debilidades estructurales. Si estos países se enfrentan hoy a grandes dificultades, se debe principalmente a los mecanismos de dominación y explotación puestos en marcha por las grandes potencias como Francia en el pasado, y que siguen alimentándose. Entre ellos, los acuerdos de cooperación impuestos por Francia a sus antiguas colonias recién independizadas, así como la deuda, la ayuda pública al desarrollo y la introducción forzosa de las APP (asociaciones público-privadas), rechazadas en Europa por el Tribunal de Cuentas Europeo por ser financieramente insostenibles. Todo ello con la complicidad de las Instituciones Financieras Internacionales (Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio (OMC)). Las verdaderas medidas para ayudar a los países africanos consistirían en cancelar sus deudas a gran escala, incluidos los 14.000 millones de euros de deuda de Francia. Francia debe reconocer su deuda ecológica y colonial y pagar reparaciones y/o indemnizaciones. La ayuda oficial al desarrollo debe sustituirse por una "Contribución de Reparación y Solidaridad", que sólo adoptará la forma de donaciones y no de préstamos. Hay que abolir este sistema económico, basado en desigualdades y relaciones de dominación perjudiciales para los derechos humanos y el planeta.
II - El impacto de la deuda ecológica en las personas
Los derechos de los pueblos indígenas frente al extractivismo
S’attaquer aux racines des problèmes subis par les peuples autochtones Survie, 31 de agosto de 2021
El movimiento social Survival lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Denuncia los proyectos de conservación de la naturaleza defendidos por los Estados occidentales y las grandes ONG internacionales. Hoy en día, el modelo dominante de protección de la naturaleza es producto de la colonización. Conocido como el modelo de la "conservación fortaleza", considera a los pueblos indígenas incapaces de cuidar de sus propias tierras y animales, e incluso molestos. Este discurso justifica el acaparamiento de tierras, calificadas erróneamente de "salvajes" y "vacías". Este "colonialismo verde" conduce a la expulsión violenta de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales. Sin embargo, mucho antes de que se inventara el concepto de "protección de la naturaleza", estos pueblos ya habían desarrollado prácticas eficaces para mantener la riqueza de su entorno. La mayoría de las grandes organizaciones, como WWF, creadas en la época de la descolonización, garantizaron la continuidad del control europeo sobre estos territorios. Al crear parques y prohibir toda actividad humana en ellos, los países industrializados hacen pagar el precio de la destrucción de la naturaleza a los menos responsables, para evitar cambiar sus propios modelos de producción y consumo. Además, el objetivo de un 30% de zonas protegidas en todo el mundo para 2030 está agravando las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. 300 millones de personas corren el riesgo de perder sus tierras y sus medios de subsistencia. Por tanto, es urgente reconocer los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras.
Consecuencias directas del calentamiento global en las poblaciones del Sur
Les énergies « renouvelables » en Tunisie : une transition injuste Observatoire Tunisien de l’Économie, 31 de marzo de 2022
Túnez es signatario del Acuerdo de París y se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que solo aporta el 0,07% de las emisiones mundiales. Las políticas climáticas que ha ideado en las últimas décadas no han provocado los cambios necesarios, porque han permanecido ancladas en un marco capitalista que impone la búsqueda de un crecimiento ilimitado y da prioridad al beneficio privado. Esto se traduce en "expansión energética en lugar de transición energética". Lo deseable es una auténtica democracia energética, centrada en los intereses de las comunidades locales para llevar a cabo una transición energética justa. Pero si esta transición está mal gestionada y controlada por influencias exteriores, corre el riesgo de reforzar la dependencia histórica de Túnez respecto a las potencias extranjeras. Por tanto, puede permitir reforzar el control democrático sobre los recursos naturales o, por el contrario, exacerbar el acaparamiento capitalista de tierras a expensas de las comunidades locales. Un ejemplo de esto último es el pueblo de Borj Salhi, en el noreste de Túnez, que no está conectado a la red de alta tensión y sufre cortes intempestivos de electricidad, mientras que las turbinas eólicas se colocan a 50 metros de las viviendas, provocando la erosión del suelo, la muerte de los olivos y a veces accidentes. Hoy en día, las iniciativas en este sector están impregnadas de neocolonialismo. Obstaculizan la soberanía del país y mantienen su dependencia. La reciente aplicación de estas políticas neoliberales, preconizadas y fomentadas por las instituciones financieras internacionales y la UE, ha abierto la puerta a la privatización del sector energético. La estrategia de asociaciones público-privadas implica la prevalencia de la inversión privada y de una visión a corto plazo, cuyo único objetivo es el beneficio, por encima de los derechos humanos.
Noyés par la mer, cuits par le soleil : la vie dans un bidonville du Sierra-Leone Reporterre, 29 de diciembre de 2022
En Freetown, capital de Sierra Leona, se ha nombrado a un gestor del calor. El objetivo es poner en marcha políticas de adaptación al calentamiento global y proteger a la población de sus efectos. Las personas más vulnerables a los efectos del calentamiento global son las que viven en chabolas, que sufren el calor y están expuestas a las inundaciones. No tienen la oportunidad de abandonar estas zonas. Se plantan árboles y se colocan sombrillas metálicas para proporcionar zonas de sombra y frescor para que lxs trabajadorxs más precarios puedan trabajar en condiciones tolerables.
III – Deuda financiera y deuda climática
Cancelación de deudas financieras para compensar deudas ecológicas
Dette et climat : deux faces d’une même crise CNCD 11.11.11, 27 de octubre de 2021
La crisis climática y la crisis de la deuda soberana se refuerzan mutuamente. La crisis de la deuda de los países de renta baja se ha intensificado desde 2013, sobre todo durante la pandemia de Covid-19. Ya existen medidas, como la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) del G20, pero su acción es insignificante. En cuanto al "marco común", creado como complemento de la ISSD para reestructurar las deudas, prolonga la dominación de los acreedores al imponer un acuerdo previo con el FMI a cualquier país que lo solicite. Sin embargo, cuanto más se endeudan los países, menos tienen para gastar en mitigar el cambio climático y adaptarse a él.
La crisis climática es profundamente injusta porque son los países menos responsables de ella los que más están sufriendo sus impactos. Los países más ricos, que en el pasado explotaron y acapararon los recursos naturales del planeta, han emitido la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis actual. En consecuencia, tienen una deuda climática con los países más pobres. La financiación climática es, por tanto, una obligación moral y contractual de los países del Norte hacia los países del Sur. Debe crearse un mecanismo financiero adicional que garantice el pago de reparaciones en caso de catástrofes relacionadas con el clima.
Para reducir su nivel de endeudamiento, los países del Sur suelen explotar más los recursos naturales de su territorio (deforestación, explotación de recursos combustibles), pero esto contribuye directamente al calentamiento global y les perjudica. Por otra parte, las catástrofes relacionadas con el clima obligan a los países a endeudarse más para hacer frente a las pérdidas materiales y económicas, y la exposición a estos riesgos puede aumentar el coste de los préstamos para estos países. Se crea así un círculo vicioso. La financiación internacional de la lucha contra el cambio climático, que en la actualidad adopta principalmente la forma de préstamos, debe sustituirse por subvenciones. La cancelación de la deuda permitiría destinar inmediatamente grandes sumas a inversiones en la transición ecológica. "La justicia climática no será posible sin justicia económica y de la deuda. Y la justicia de la deuda no será posible sin justicia medioambiental y climática".
COP y demandas
COP27 : Annuler la dette des pays du Sud, une solution à la crise climatique ? CADTM, 9 de noviembre de 2022 (artículo retransmitido por Reporterre)
La COP27 puso sobre la mesa la noción de "pérdidas y daños" debidxs al cambio climático que afectan a los países del Sur. Se calcula que 189 millones de personas al año se ven afectadas por condiciones meteorológicas extremas en los países en desarrollo. Sin embargo, estos países contribuyen muy poco al cambio climático en comparación con los países del Norte. Esta diferencia se considera una deuda ecológica, por la que los países del Sur exigen reparaciones y compensaciones financieras. El Fondo Verde lanzado en 2009 tras la COP de Copenhague, que obliga a los países más ricos a pagar 100.000 millones de euros en ayudas a los países en desarrollo, está resultando insuficiente. Además, esta ayuda tiene efectos perversos porque adopta la forma de préstamos, que los países del Sur tienen que devolver con intereses. Esto contribuye a su endeudamiento. La solución preconizada por el CADTM consiste en anular la deuda de estos países en lugar de pagar compensaciones, que a menudo son condicionales y mantienen la dependencia Norte-Sur y el sistema extractivista.
Financiación de la lucha contra el cambio climático: estimaciones
Estimation. Combien faut-il pour financer l’action climatique des pays du Sud ? Courrier International, 8 de noviembre de 2022
Un informe encargado por la Presidencia de la COP27 calcula que los países del Sur necesitan 2 billones de dólares anuales de aquí a 2030 para financiar su acción por el clima. Los fondos se utilizarían para "reducir las emisiones, aumentar la resiliencia, hacer frente a las pérdidas y daños causados por el cambio climático y restaurar la tierra y la naturaleza". Al mismo tiempo, el informe propone una revisión de los bancos multilaterales de desarrollo o un aumento de los préstamos a bajo y nulo interés de los países desarrollados. Nicholas Stern, economista que ha contribuido al informe, declaró: "Los países ricos deben reconocer que va en su propio interés, y en interés de la justicia, invertir en la lucha contra el cambio climático en los países emergentes y en desarrollo, dadas las desastrosas consecuencias de sus emisiones pasadas y actuales".
IV – ¿Hacia un replanteamiento del Norte?
La deuda energética del País Vasco
Deuda Energética Vasca 2011: La energía que consumimos y lo que le debemos al mundo Ecología Política, 12 de diciembre de 2011
En 2007, lxs vecinxs de Ekologistak Martxan organizaron una conferencia internacional en Bilbao con el objetivo de frenar el cambio climático, cambiar el modelo energético y reconocer la deuda ecológica. Incluso después de movilizaciones de larga duración, como la realizada contra el proyecto de construcción de una central de ciclo combinado en Amorebieta, las empresas consiguen sortear los obstáculos instalando sus fábricas en otro lugar, o en otro país. Presionan a los gobiernos locales, regionales y nacionales para impedir que los ciudadanxs disfruten de sus derechos a la tierra, a la salud y a un modelo energético alternativo que no se deje llevar por el afán de lucro. Las decisiones se imponen siempre a las comunidades indígenas y campesinas locales, a pesar de su oposición a ellas. Por eso es esencial reducir drásticamente o incluso detener la extracción de combustibles fósiles, pues la deuda ecológica contraída por los países desarrollados es ya inmensa. En 2009, la deuda de carbono de la Comunidad Autónoma del País Vasco, muy dependiente de la energía, se estimaba en 5.348 millones de euros, más o menos la misma cantidad que la deuda externa de Camerún o Costa Rica ese año, y no ha dejado de aumentar desde entonces. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre el impacto de estas industrias extractivas en otros territorios, y considerar los problemas sociales y medioambientales que provocan, que no se reparan ni se compensan. Es necesario reconocer la responsabilidad del País Vasco en estos problemas, pero también en las inversiones realizadas por empresas vascas en controvertidos proyectos energéticos en países del Sur. Las luchas, aunque tengan raíces locales, deben ser siempre colectivas y de espíritu universal.
Ayuda climática danesa
Pollution. Le Danemark est le premier pays riche à payer les pays du Sud pour la crise climatiqueCourrier International, 21 de septiembre de 2022
El 20 de septiembre de 2022, en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno danés anunció que destinaría 100 millones de coronas (13,5 millones de euros) en ayuda climática a "países vulnerables que han sufrido pérdidas y daños como consecuencia del cambio climático". Es la primera vez que un país miembro de la ONU se compromete a compensar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero para los países del Sur, mientras que Estados Unidos sigue rechazando los llamamientos de los defensores del clima para que compense esas "pérdidas y daños". Temen que un compromiso financiero implique una responsabilidad jurídica por el creciente número de víctimas del cambio climático. Aunque la suma liberada por Dinamarca es irrisoria comparada con las cantidades necesarias para reparar los daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos, es "la mayor hasta la fecha".
V – Movimientos sociales y movilización en torno a la deuda climática
Justice environnementale et mouvements sociaux en Tunisie Aitec, 11 de abril de 2017
En Túnez, los movimientos sociales denuncian las injusticias socioeconómicas relacionadas con la exposición desproporcionada y desigual de determinadas poblaciones a la degradación de la biodiversidad, la privación de recursos naturales y/o los riesgos medioambientales. Estos movimientos se oponen a las dinámicas de acaparamiento, sobreexplotación y contaminación del agua, el aire y la tierra, que van en detrimento de la salud de las personas y de sus necesidades básicas. El sector del petróleo y el gas, en el que las multinacionales son especialmente activas, es objeto de protestas locales. A menudo se sobreexplota el agua para la producción de fosfatos, como ocurre en Gafsa. Esto provoca cortes regulares y de larga duración en el suministro de agua potable para los hogares, en un momento en que la región ya sufre una intensa sequía y desertización. Sin embargo, los poderes públicos siguen dando prioridad a los imperativos económicos. En 2010, Túnez se situó como 5º productor mundial de fosfatos, en detrimento de las poblaciones que viven en las zonas de extracción, cuyos medios de subsistencia (pesca y agricultura) se han visto condenados por la contaminación liberada por esta industria. Por otra parte, en Francia en particular, son muchos los que se alarman por el impacto medioambiental del consumo excesivo de abonos fosfatados por los sistemas de agricultura intensiva, sin tener en cuenta las cuestiones ecológicas que están en juego en toda la industria del fosfato, hasta Túnez. Por ello, es importante que los movimientos sociales trabajen para construir la solidaridad entre las poblaciones afectadas y los lugares de producción y consumo, con el fin de combatir las causas sistémicas de la injusticia medioambiental. Existe una deuda ecológica que genera desigualdades y reduce las oportunidades de alternativas en el Sur. A la luz de estas realidades, las palabras de André Gorz podrían servir para promover una justicia ecológica común: "Lo único que vale la pena producir es aquello que no privilegia ni degrada a nadie".
Organizaciones sociales protestan contra la "deuda ecológica" de Argentina Swiss info, 28 de junio de 2022
El 28 de junio de 2022, en el marco de las protestas mundiales contra la cumbre del G7, un gran número de asociaciones, sindicatos y organizaciones ecologistas se manifestaron en el centro de Buenos Aires y en varias otras ciudades argentinas. Denunciaron la "deuda ecológica" y exigieron la anulación de las deudas financieras "ilegítimas", como la que Argentina tiene contraída con el FMI. Bajo el lema "La deuda es de los pueblos y de la naturaleza", el movimiento denuncia el "modelo de opresión, extractivismo y colonialismo financiero" promovido por instituciones como el G7, el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, responsable de un sistema injusto que impide a los países menos desarrollados hacer frente a la crisis climática. Los activistas recordaron que Argentina vuelve a estar bajo el yugo del FMI y tiene una deuda ilegítima de más de 40.000 millones de dólares, lo que convierte al país en una víctima emblemática de este modelo colonial extractivista.
[Action] « Debt for climate / Annulons la dette pour le climat ! » Attac France, 27 de junio de 2022
El 27 de junio de 2022, Attac, Extinction Rebellion y Youth for Climate participaron en una acción de desobediencia civil en París para pedir al G7 que cancele las deudas de los países del Sur Global. Esta acción forma parte de la campaña mundial Deuda por el Clima, que exige que los países en dificultades se liberen de sus deudas, que les impiden aplicar políticas medioambientales eficaces y les obligan a explotar intensivamente sus recursos fósiles. Hay que acabar con este modelo extractivista basado en las exportaciones. Hay que abolir el privilegio de los acreedores sobre los derechos humanos. El G7, el FMI y el Banco Mundial tienen una enorme responsabilidad en este círculo vicioso de la deuda, en la sobreexplotación de los recursos naturales y, por tanto, en el calentamiento global. La crisis de la deuda es el resultado de la dominación del sistema financiero internacional por los países ricos. Acumulada, la deuda de los países del continente africano asciende a 1.400 billones de dólares. Hay que reconocer la deuda ecológica de los países del Norte con los del Sur, así como la responsabilidad histórica de los países del G7 en el calentamiento global. La cancelación de la deuda debe ir acompañada de asignaciones de financiación climática de alta calidad. La acción climática internacional debe adoptar la forma de una reforma de la deuda, la solidaridad con los países más afectados por las catástrofes climáticas, una política ecológica descolonial y el reconocimiento de la deuda ecológica.
