PUBLICADO EL 7 DE JULIO, 2023 POR REDACCIÓN LA NETA
*Sábado 8 de julio de 2023
 
 
Julio llegó con una celebración: El primer mes del Consejo Constitucional. Aunque este cumplemés pasó desapercibido, debido al protagonismo que tuvo la participación ciudadana en las intensas jornadas de audiencias públicas ciudadanas, que estuvieron recibiendo las comisiones del órgano. 
 
Perooooo, nosotras no quisimos dejarlo pasar. Así que fuimos a buscar a consejeras y consejeros para conocer su balance del primer mes, su opinión sobre el anteproyecto y las proyecciones que estiman para las discusiones que traerán las enmiendas. 
Comisión de Sistema Político
 
La primera comisión del Consejo Constitucional, conformada por 12 integrantes y presidida por el consejero UDI Edmundo Eluchans, tiene por competencia trabajar sobre las normas contenidas en cinco capítulos del anteproyecto:
 
• Representación Política y Participación
• Congreso Nacional
• Gobierno y Administración del Estado 
• Gobierno y Administración Regional y Local
• Procedimientos de cambio constitucional
 
Si bien estos capítulos estructuran el sistema político nacional, apegándose a las 12 bases institucionales, el interés de consejeras y consejeros ha estado concentrado en los artículos sobre partidos políticos y su representación dentro del Congreso. 
 
El consejero Eluchans, en conversación con La Neta, destacó el protagonismo que adquieren los partidos políticos en el anteproyecto que, a su juicio, sería determinante ante la actual fragmentación del Congreso y la dificultad de alcanzar acuerdos.
 
“Yo creo que ningún país del mundo resiste 21 partidos políticos, porque es muy difícil llegar a acuerdos (…) La política no se hace con llaneros solitarios. La política se trabaja en colectivo y para eso existen los partidos políticos. Entonces la idea es reforzar a los partidos políticos, que la política se desarrolle a través de estos, para que sean vigorosos, fuertes y que tenga alto apoyo popular y votos”, sostuvo Eluchans. 

A partir de esto, consideró importante la norma que establece un umbral del 5%, para que los partidos políticos alcancen representación en el Congreso. La norma también fue destacada por el consejero Julio Ñanco (RD) por ser un importante “cambio cultural” para el sistema político actual. 
 
“Eso va a significar un cambio, pero todo tiene que ver con fortalecer lo programático y la vía de los partidos. Yo creo que también hay una decisión, que es política, en términos de que el sistema tiene que fortalecerse por esa vía: fortalecer a los partidos”, señaló Ñanco. 
 
Para el consejero RD, el “diseño político” logra relacionar “el sistema proporcional, que garantice la representación de la prioridad política, con el adecuado orden para garantizar gobernabilidad y evitar la fragmentación, que actualmente estamos viendo”. 
 
Además, adelantó que el oficialismo se encuentra estudiando un mecanismo de paridad de salida y el reconocimiento político de pueblos originarios. Por su parte, Eluchans espera que la comisión logre alcanzar acercamientos durante la etapa de discusión de enmiendas. 
“Tenemos ideas distintas y miradas distintas, pero esa es la política: tratar de buscar entendimiento, tratar de buscar acuerdos”, finalizó Eluchans.
 
Comisión de Función Jurisdiccional
 
El grupo conformado por 12 integrantes y presidido por el consejero republicano Antonio Barchiesi, tiene por competencia trabajar sobre seis capítulos del anteproyecto dedicados al Poder Judicial y a seis órganos autónomos: Corte Constitucional, Ministerio Público, Tribunal Calificador de Elecciones, Servicio Electoral, Contraloría y Banco Central. 
 
¿Y qué pasó este primer mes? Para Barchiesi durante estas primeras semanas pudo “constatar que hay un ánimo transversal de que el proceso es exitoso”, que se ha visto reflejado en la activa colaboración y participación de integrantes de la Comisión Experta. 

Para la consejera María Pardo (CS) la presencia de estos integrantes ha sido de gran utilidad para conocer “cómo se arribaron a los acuerdos” y “pensar en la intervención que vamos a tener nosotros como consejeros”. 
 
“Yo creo que no hay problema con que empecemos a ver las maneras de mejorarlo, pero siempre tratando de buscar el consenso”, señaló Pardo. 
 
Además, la consejera sostuvo que en el anteproyecto “hay cosas bien interesantes y que solucionan problemas prácticos que proponen los expertos”, como los nombramientos del Tribunal Constitucional. 
Por su parte, Barchiesi destacó como “un avance muy importante” la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad, para “enfrentar el crimen organizado de una manera más adecuada”. Aunque no descarto que, por medio de enmiendas, se incluya la creación de tribunales especializados. 
 
“Si tenemos una Fiscalía especializada, creo que también tenemos que tener tribunales especializados con competencia nacional, para conocer los delitos que la ley le encomiende (…) crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, corrupción, y en general todos los entramados intelectuales de manera complejidad”, comentó el consejero republicano. 
 
Y este no sería el único cambio. La consejera oficialista deslizó algunos nudos que traerá la discusión, como el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional, que no está contemplado en el anteproyecto. En tanto, para Barchiesi, es importante reponer esta competencia y seguir con la constitucionalidad vigente. 
Por último, Pardo adelantó que su sector evalúa ingresar una enmienda para incluir la perspectiva de género en el Poder Judicial, pues esta tiene una “estrecha vinculación con el cumplimiento del principio de imparcialidad”. 

“La imparcialidad, que es algo que sí quedó en el anteproyecto, nos habla de que los jueces deben fallar sin sesgos, de manera ecuánime, y eso no es posible lograrlo sin perspectiva de género”, explicó la consejera oficialista.
 
Comisión de Principios
 
Dentro de las normas que son competencia de esta comisión, se encuentra una que cruza todo el texto constitucional: El establecimiento de un Estado social y democrático de derecho.
 
A pesar de que las 12 bases institucionales mandatan el establecimiento del modelo de Estado social, aún no hay claridad sobre cómo debiese implementarse. Y según el consejero Fernando Viveros (PC) esta discusión será uno de los “temas claves”. 
 
El consejero comunista comentó estar en desacuerdo con la posición de la derecha, para intentar “profundizar” en la compatibilidad de la subsidiariedad con la de un Estado social y democrático de derecho. 

“Nosotros creemos que no, porque se mercantilizan los derechos sociales, hablemos de la salud, de la educación, de la seguridad previsional o el saneamiento”, declaró Viveros.
 
Por otro lado, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) consideró que en el anteproyecto se avanza “fuertemente en el rol del Estado, tanto en lo social como también en ese Estado al servicio de las personas”.
 
Sin embargo, declaró que debe conjugarse la subsidiariedad con el rol social del Estado, para que el mundo público y privado pueda desarrollarse sin que ninguna libertad se vea transgredida.
Línea roja. El consejero Viveros enfatizó que la línea roja del oficialismo es el anteproyecto de la Comisión Experta, asegurando que no están dispuestos a “retroceder” en cuestiones como “reparación, verdad y justicia” y en derechos sexuales, particularmente del aborto en tres causales. 
 
Si bien la consejera Mangelsdorff no fue tajante en delimitar línea roja, mira con atención la discusión sobre tratados internacionales de derechos humanos “que sean un límite a la soberanía”. 
 
El derecho a la vida, también está en el radar de la consejera RN, pues considera que su redacción en el artículo 16 del anteproyecto es “insuficiente”. “Lo que pasa es que el derecho a la vida es el primer derecho que tiene que ser consagrado de manera absoluta” comenta Mangelsdorff. 
 
Sobre lo mismo la consejera, señaló que cualquier restricción al derecho a la vida “tiene que ir en materia legal y no constitucional”. Y ejemplificó: “Es el legislador el que hoy día ha restringido el derecho a la vida en tres causales”.
“​​​​La Constitución tiene que ser la garante de que todos los derechos se ejercen en libertad. Y el primer derecho, que es el derecho a vivir, el derecho a nacer, el derecho a vivir, no puede ser coaccionado a través de una Constitución”, concluyó Mangelsdorff.
 
Acercamientos. La probidad, transparencia y anticorrupción son temas que generan consenso tanto en la oposición como en el oficialismo. Está internalizado de tal forma, que la bancada RN-EVOP del Consejo Constitucional adelantó que presentarán enmiendas para una “agenda anticorrupción”.
 
Según la consejera RN, estos estándares de probidad se aplicarían para cualquier persona “sea o no electa, a través de votación popular”, incluyendo el cargo de diputado, seremi, director de un servicio, juez de la República, ministro de Estado, subsecretario, alcaldes, concejales.
 
“Cuando vemos que la institucionalidad es débil, tenemos que fortalecerla, y ese fortalecimiento es incorporando en los distintos capítulos, tanto de órganos del Estado, como también en los principios del Estado”, planteó Mangelsdorff.

Comisión de Derechos
 
La comisión más numerosa del Consejo Constitucional, compuesta por 14 integrantes y presidida por Germán Becker (RN), tiene como misión redactar dos capítulos: uno dedicado a los derechos y libertades fundamentales y otro sobre la protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. 
 
El primero de estos está dedicado a los alcances del Estado social y democrático de derecho, en palabras simples, la constitucionalización de derechos sociales como la salud, educación y seguridad social, entre otros. Y, durante este primer mes, integrantes de la comisión han dejado entrever los nudos que deberá resolver durante la discusión de enmiendas. 
Sin embargo, el consejero Arturo Phillips (UDI) desdramatizó la situación: “Los puntos más específicos que serán objeto de debate lo sabremos el día en que se presenten las enmiendas, para lo cual queda casi una semana”. 
 
En cuanto a sus pretensiones generales, el consejero UDI espera que se pueda llegar a un texto representativo de todos los chilenos “de cara a poder escribir una Constitución que sea efectivamente una que nos una”.
En un tono también conciliador, la consejera Nancy Márquez (CS) consideró que el anteproyecto es un buen inicio de discusión. “Yo creo que cumple con dos cosas fundamentales; una que es habilitante y otra que es amplia, o sea, no hay ningún tema que queda cerrado “, comentó Márquez.
 
A pesar de esta evaluación, Márquez sostuvo que hay temas que no están y que son “íconos de lucha” del sector que representa, como cuidados y trabajo doméstico. Además, comentó que los derechos de niños, niñas y adolescentes “está muy básico” en el pre-texto, pues “no los consigna como sujetos de derecho”.
 
 
En cuanto a las normas sobre medio ambiente, la consejera oficialista opinó que hay un avance del cuidado del agua, así como del cuidado del ciclo hídrico completo. Pero, a su parecer, falta una normativa para impulsar una “institucionalidad medioambiental” que trascienda los gobiernos.
 
Para Márquez estos temas pueden incorporarse porque “hay espacio para eso”. Y comentó que desde su sector están “buscando cómo hacerlo y en qué términos”. 
 
¿Qué viene ahora?
 
Ayer, viernes 7 de julio, concluyó la etapa de participación ciudadana para el proceso constitucional. Corresponderá a Secretaría sistematizar las opiniones recopiladas durante el mes de Participación con el fin de generar un informe que pueda incidir en el debate constitucional. 
 
Otra fecha clave es el 17 de julio, día en que finalizará el plazo para la presentación de enmiendas al anteproyecto. Y a partir del 1 de agosto, comenzarán las votaciones en las comisiones del Consejo Constitucional.

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